Entrevista con las FARC a dos voces Destacado

24 Jul 2016 José Luis Mayorga G.
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El paramilitarismo es el problema mayor que debe enfrentar el proceso, pues se trata de una política de Estado que tiene el inconveniente de un constante negacionismo gubernamental”

 

Muchos han sido los intentos que en Colombia se han hecho para llegar a ponerle fin al conflicto interno, todos los presidentes le han apostado de diferentes formas, y obedeciendo a distintas políticas a llegar a una solución negociada. Pero hoy en Colombia por fin se ve de cerca la gran posibilidad de realizar el sueño tan anhelado que existe en el corazón de cada uno de los colombianos “llegar al fin de la guerra”, para que las nuevas generaciones puedan formarse y vivir en un país más justo e incluyente.

 

La negociación de paz en la Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC – EP”, está en sus últimas instancias y con el fallo de la Corte Constitucional que dio la legalidad al plebiscito como mecanismo de refrendación, el pueblo colombiano podrá salir muy pronto a votar por el Sí o el No, o sea luego de firmados los acuerdos, el poder lo tiene el pueblo, por fin se le tiene en cuenta para que realmente decida su destino.

 

Desde la Isla de Cuba, una holandesa con corazón colombiano, Tanja Nijmeijer, conocida en la guerrilla como “Alexandra Nariño y Seusis Pausivas Hernández, miembro del Estado Central Mayor de las FARC, conocido como el comandante Jesús Santrich concedieron a la Agencia de Reporteros Sin Fronteras una entrevista a dos voces.

 

Seusis Pasivas Hernández “Jesús Santrich”

 

José Luis Mayorga: Colombia es un país de incrédulos en los procesos de paz, cómo cambiar esa idea cuando se viene de un proceso con los paramilitares, el cual fue amañado y no beneficio en nada al pueblo


 

Jesús Santrich: No me parece que Colombia sea un país de incrédulos respecto a los procesos de paz; por el contrario, a pesar de la guerra sucia, del terrorismo de Estado y de las ingentes campañas mediática guerreristas que desinforman, tergiversan y estigmatizan a la insurgencia, las mayorías claman por la paz, anhelan que se llegue a un acuerdo final y que este signifique una nueva oportunidad de reconciliación y de progreso para el país. No recuerdo proceso alguno que no contara con el respaldo de la población, y este que se adelanta con las FARC, a pesar del Uribismo y de todos los detractores, avanza por que tiene apoyo en la gente. De hecho, la reelección misma del Presidente Santos fue posible porque la mayoría de las personas que votaron por él, lo hicieron porque creían que así estaban votando por la paz.

 

JLM: Cómo se desarrolló el cese unilateral del fuego, y cómo creen ustedes que funcionará el cese bilateral

 

JS: El cese al fuego unilateral declarado por las FARC desde el 20 de diciembre del 2014, como lo expresamos desde el momento en que se puso a andar tal determinación, lo que configuramos fue un gesto colmado de humanidad en respuesta al clamor generalizado de las víctimas del conflicto y la expectativa nacional porque se logre el fin de la confrontación. Hoy podemos decir que, a pesar de dificultades e incidentes menores, de nuestra parte se ha cumplió plenamente. Y esta afirmación no es invención nuestra, pues en diversas ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales, y especialmente el Frente Amplio por la Paz han constatado que no ha habido ataques a las Fuerzas Armadas oficiales, ni a la infraestructura pública y privada.

 

Vale precisar que, de una u otra forma, aparte del cese a los bombardeos por parte del Gobierno, también se sintió el desescalamiento de sus acciones ofensivas, lo cual generó una especie de cese bilateral de hecho. Y a esta situación se puede agregar que la firma del acuerdo del 23 de junio de 2016 sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas”, es otro avance hacia el propósito mayor de finalizar la guerra.

 

JLM: Nadie negocia para ir a la cárcel, ustedes han contemplado pagar pena privativa de la libertad, y si es así en qué condiciones

 

JS: Efectivamente, nadie hace un acuerdo de paz para irse a la cárcel; mucho menos cuando nuestro alzamiento armado de más de medio siglo ha sido una reacción a las injusticias, la miseria, la desigualdad y la exclusión política que ha impuesto el bloque de poder dominante. Por eso nos hemos opuesto a que el Estado y sus agentes, que son los supremos responsables de la victimización que ha generado la prolongada guerra en Colombia, sean juez y parte en la definición de asuntos relacionados con la justicia. Y en esto, siempre hemos defendido el derecho a la rebelión, cuando se trata de enfrentar regímenes injustos, como lo es el colombiano, que ha cerrado los espacios para la actividad política abierta. En tal sentido, para definir cualquier solución en este campo se debe partir del reconocimiento del delito político y de la puesta en vigor de claras normas de amnistía e indulto, con las más amplias conexidades.

 

Agregaría que la Jurisdicción Especial para la Paz “JEP” no está diseñada para favorecer o aplicársela exclusivamente a las FARC; se establece para aplicarse a todos quienes han hecho parte del conflicto, sean o no actores armados.

 

JLM: De acuerdo a negociado en la Habana, cómo se efectuará la restauración a las víctimas, y hasta dónde debe llegar la verdad

 

JS: Estos fundamentos están en el fondo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el estamento que se ha acordado crear para atender el tema “Justicia”, observando que, en el centro de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado en la Mesa, las víctimas están en el centro de las preocupaciones y soluciones. Las víctimas tienen la posibilidad de protagonizar las acciones en procura de los esclarecimientos que deben darse en la Comisión de la Verdad; pueden ser actores principales también dentro de la JEP y las decisiones sobre reparación integral y no repetición se han suscrito en su nombre.

 

JLM: En los últimos meses han sido asesinados líderes sociales y se amenazado a periodistas por parte de paramilitares, que se ha planteado en la mesa para evitarlo y que no se agudice en el postacuerdo esta situación


 

JS: El paramilitarismo es el problema mayor que debe enfrentar el proceso, pues se trata de una política de Estado que tiene el inconveniente de un constante negacionismo gubernamental. Aunque no se admita su existencia, es muy evidente su presencia y accionar criminal, independientemente de los nombres que asuma y mamparas que tome.

 

No obstante, se ha llegado a un acuerdo sobre garantías de seguridad y desmonte de estos grupos, dejando la opción del sometimiento, entendiendo que no se trata de que sigamos abriendo frente en los que las soluciones deban ser siempre militares. Aparejado a esto se ha pactado crear una Unidad de Investigación que debe apersonarse del asunto. También se acordó hacer un gran pacto político nacional de un nunca más y existen protocolos de seguridad para las comunidades y para los integrantes de las FARC-EP en tránsito hacia la legalidad. Entonces, medidas se han acordado muchas, pero eso no basta. Lo esencial aquí sería la voluntad y determinación política del Gobierno de acabar con la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Doctrina del Enemigo Interno que es de donde deriva el paramilitarismo de Estado.

 

Si esto no se resuelve, el proceso de construcción de la paz estaría condenado al fracaso.

 

JLM: El gobierno hace pedagogía de la paz por todo el país, por qué en estas ocasiones no se cuenta con un delegado de la FARC, para que empleados, estudiantes, el pueblo en general puedan conocer la posición de ustedes

 

JS: Sobre todos estos asuntos se ha hecho pedagogía en los campamentos; quizás no es suficiente y habría que profundizar en las explicaciones. Pero las condiciones no se han dado; los tiempos son limitados y las dificultades en el terreno son enormes. Esto que ha sido complicado entre nosotros se agranda respecto a las comunidades. Nosotros hacemos lo que nos es humanamente posible para difundir y explicar los acuerdos. Pero quien tiene que hacer en este campo es sobre todo el gobierno, que tiene los recursos, los medios, el personal, las posibilidades. Todo esto se tiene, pero si no hay voluntad, la difusión de ellos acuerdos va a ser restringida. De nuestra parte estamos disponibles para acudir en ayuda de la difusión.

 

JLM: Qué puede esperar el pueblo colombiano de ustedes cuando lleguen al Congreso de la república o desempeñen otros cargos públicos a los cuales llegaran

 

JS: Habría que esperar un poco para precisar prioridades. Nosotros no estamos pensando en salir a la legalidad a actuar en solitario sino en convergencia, sin hegemonismos, creando alternativa política democrática. Ello implica intercambios, escuchar los planteamientos y aspiraciones de diversos sectores políticos para el cambio. Para iniciar un debate en ese campo tenemos las propuestas mínimas hechas alrededor de la Agenda de La Habana, las cuales buscan cambios sociales para sembrar justicia, igualdad, expansión de la democracia..., un nuevo país con oportunidades para todos y todas.

 

JLM: Consideran ustedes que deben ser juzgados en las mismas condiciones los insurgentes y los miembros del Estado y de la Fuerza Pública que han violado los Derechos Humanos


 

JS: Sobre asuntos de juzgamientos, debo reiterar que para el caso de la insurgencia lo que opera es la más amplia amnistía y el indulto. Si existieren casos no amnistiables, la Jurisdicción Especial para la Paz, opera aplicando sanciones restaurativas. Solamente si no hay verdad podrían darse escenarios de penas alternativas y de cárcel. Pero insisto en que esto no es solamente para la guerrilla, tampoco solamente para militares, sino que también se debe aplicar a actores no armados, por ejemplo, empresarios, ex-funcionarios de Estado, etc. Precisemos, sí, que para el caso de los militares el tratamiento debe ser diferenciado, pero equilibrado y proporcional, tomando en cuenta en todo caso que es el Estado el mayor responsable de las violaciones de derechos humanos.

 

JLM: Indiscutiblemente las FARC ejercen control territorial en algunas regiones de Colombia, cómo se evitará que esas zonas caigan en manos de los paramilitares u otras organizaciones al margen de la Ley

 

JS: Sobre el tema de cómo evitar que las zonas donde hasta ahora ha ejercido control la insurgencia pasen a manos del paramilitarismo, lo concreto es que debe darse la desarticulación de estos grupos. Si esto no se produce, ya he dicho que podemos estar condenados al fracaso y a la reactivación de la resistencia armada.

 

JLM: El desplazamiento forzado a pesar del proceso de paz sigue siendo un gran problema en Colombia, incluso aumento en un 9% qué hacer para acabar con este delito


 

JS: No tengo certeza de su afirmación sobre el aumento del desplazamiento; pero independiente de ello este fenómeno está ahí presente con más de 6 .9 millones de personas desarraigadas, según cifras de ACNUR de 2016, sin soluciones suficientes a la vista. Esto está acompañado del despojo de más de 8 millones de hectáreas en los últimos 25 años. Frente a tal realidad no ha habido efectividad en la restitución de tierras. No se le ha regresado a los despojados ni el 1% de sus tierras, y el retorno tiene también estos niveles lamentables. Al respecto en el punto Víctimas, se suscribieron acuerdos que incluyen el compromiso de adelantar procesos colectivos de retorno de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior, y nuevas medidas sobre restitución de tierras. Hay dos capítulos en el Acuerdo de Víctimas que se refieren a los temas en comentario; son los numerales 5.1.3.5. y el 5.1.3.6. En uno de sus apartados se expresa por ejemplo que “la aplicación de la política de restitución de tierras obedecerá, entre otros a los criterios técnicos de densidad histórica del despojo y a las condiciones para el retorno, teniendo en cuenta las recomendaciones, incluyendo las concernientes a la focalización territorial, que tengan las organizaciones de víctimas y expertos en el tema”. Y en esto, con el protagonismo de las víctimas, los entes territoriales deberán participar activamente en la implementación de la política de restitución y contribuir desde la formulación de sus planes territoriales de desarrollo en la atención integral de la población beneficiaria de los procesos de restitución, incluyendo la inversión en obras de infraestructura y servicios públicos.

 

JLM: El mayor cáncer en Colombia es la corrupción, incluso ha logrado permear a ex guerrilleros que llegaron a cargos públicos, cómo combatir este problema que desangra al país

 

JS: Sobre el tema de la corrupción y cómo combatirla, pienso que se trata de un problema estructural que va de la mano de ella impunidad y tiene que ver mucho con la descomposición moral que existe sobre todo en el campo de la clase dirigente económicamente poderosa. Se ha convertido en rutina que los gamonales y caciques políticos llegan a los puestos de gobierno o de cualquier rama del poder público a enriquecerse y no a brindar un servicio a la sociedad. Esto se corrige mediante un largo proceso de educación en nuevos valores, pero habría que hacer un remezón institucional, cambios estructurales de fondo que permitan que no se siga en el círculo vicioso en que la justicia solo es para los de ruana. Una de las ramas que habría que recomponer medularmente es la judicial. No puede seguir habiendo impunidad. La corrupción es contagiosa y sin duda también ha tocado sectores de izquierda. Vacunas para ese mal no las hay, así que de lo que se trata es de dotarse de una buena formación ética y moral.

 

JLM: A pesar de la división del pueblo colombiano en torno al proceso de paz, se estima que los acuerdos serán refrendados por el mecanismo que sea, pero que pasaría en un eventual fracaso de las conversaciones o si no se llega a feliz término en la refrendación

 

JS: Tenemos convicción en que la mayoría del pueblo anhela la paz. Eso no quiere decir que en un proceso de refrendación que requiere del voto exista certeza de un resultado positivo, y esto sencillamente porque el sistema tiene muchos vicios internos, a lo cual se le suma la enorme incidencia de los medios de comunicación, que en Colombia engañan y manipulan según la conveniencia de sus dueños. Así las cosas, no es improbable un resultado adverso.

 

Para un escenario así el gobierno parece no tener Plan B, porque lo que ha dicho el señor Humberto de la Calle es que si se pierde la refrendación “se terminó el proceso y no produjo resultados”. Esto es una locura, pero es lo que piensa este máximo vocero del gobierno de Juan Manuel Santos.

 

A nuestro modo de ver la paz no es un asunto plebiscitable, pero lo han convertido en eso, le han puesto en el cuello la horca de un resultado en las urnas, para la definición de lago que es un derecho y un deber: la paz.

 

Frente a esta situación, las FARC tendremos que tomar algunas decisiones, como por ejemplo no ponernos en el riesgo de ubicarnos en una Zona Veredal de normalización, porque si hay un no quedamos en una situación militar desventajosa. Digamos que quedaríamos ubicados y cercados. Aspiremos a que a estos absurdos se le puedan encontrar salidas.

 

Tanja Nijmeijer “Alexandra Nariño

 

José Luis Mayorga: Considerando que la firma de acuerdos no es la paz, cómo y qué hay que trabajar en el postacuerdo para que se acaben las injusticias sociales que incuban inconformidad y han generado a las guerrillas.


 

Tanja Nijmeijer: Efectivamente, la construcción de la paz empieza luego de la firma del acuerdo final. Sobre cómo debe ser esa construcción y cómo combatir las injusticias sociales y económicas existentes, se plantean varias cosas. Lo que se necesita para acabar con la injusticia social en un país es voluntad política por parte de las élites que tradicionalmente han tenido el poder, nada más. La implementación de los acuerdos – aunque como hemos dicho muchas veces no significan una revolución – ya sería un gran paso hacia la democratización del país y la solución de una parte de la injusticia social que se está viviendo. Luego las FARC-EP proponemos seguir trabajando en dirección al país que soñamos, pero tenemos claro que esa construcción debe ser colectiva, no lo podemos hacer solos ni solas. Necesitamos que confluyan las fuerzas de izquierda para hacer una propuesta colectiva, amplia, realista y desde la base. Para eso, va a ser clave la movilización popular, por eso hemos repetido una y otra vez: no nos vamos a desmovilizar; nos vamos a movilizar.

 

JLM: Ustedes creen en la autodeterminación de los pueblos, que piensan de la injerencia del secretario de la OEA en el caso Venezuela.

 

TN: La OEA se supone que guarda una postura de neutralidad en conflictos políticos, la cual perdió por completo en este caso, ya que es obvio que eligió apoyar la oposición venezolana al impulsar las mismas posturas que ella. Está cuestionando la existencia de un gobierno legítimo (porque solo en ese caso puede un Secretario-General convocar unilateralmente al Consejo Permanente) en Venezuela, donde creo hay menos razones para hacerlo. Intervencionismos de este mismo estilo se han visto mucho últimamente, y efectivamente va en contra de uno de nuestros principios, que es la autodeterminación de los pueblos del mundo.

 

JLM: Qué piensan de la actual situación de América Latina donde la izquierda viene cediendo nuevamente los espacios de gobierno a la derecha.


 

TN: Como es apenas normal, también en esto hay movimientos de flujos y reflujos. Sin embargo, en el último auge político de la izquierda latinoamericana, los pueblos de América Latina mostraron una enorme capacidad de buscar vías alternativas de poder, una enorme creatividad para salirse de lo concebido hasta ese momento. En todas esas experiencias, como es comprensible, hubo errores, hubo detalles que mejorar, algunas veces de forma, otras de contenido; el arte está en ir aprendiendo, mejorando y poder llegar a nuevas formas de poder. No quedarnos en lo que hay, porque lo que hay no funcionó, o no funcionó lo suficiente. O incluso, en algunos casos se puede decir que sí funcionó, hasta cierto punto, pero que se puede y debe perfeccionar. Hay que entender también que la reacción a esos gobiernos alternativos ha sido de sabotaje e injerencia directa de los EE. UU., pero incluso ahí la consigna es: ir aprendiendo para saber, en una próxima ocasión, cómo enfrentar esos “golpes blandos” o las intervenciones solapadas en los asuntos internos de los países por parte de alguna que otra funcionaria extranjera.

 

JLM: Los casos de Sonia y Simón Trinidad han sido tratados en la mesa de la Habana, es la libertad de ellos un inamovible para la firma de la paz.

 

TN: No nos gusta usar la palabra inamovible, que son términos usados por personas y organizaciones inflexibles, rígidas. Lo que hemos dicho es que Simón Trinidad es el encargado por parte de las FARC-EP del proceso de la dejación de armas, lo que hace imperativa su liberación. Consideramos que sería muy mal precedente si esas liberaciones no se dan. Además, creemos que las condiciones en que está particularmente el camarada Simón, son infrahumanas: no le proporcionan la atención médica que necesita, mantiene en un régimen de aislamiento total, se les niega la visa a sus abogados, es una cosa espantosa. El aislamiento (solitary confinement) es una forma de tortura sobre la cual incluso el Comité de la ONU Contra la Tortura ha expresado su preocupación. Una nación que permite ese tipo de trato con sus prisioneros – y hay miles de presos en estas condiciones en EE. UU -, no puede llamarse democrático, es así de sencillo.

 

JLM: Cómo evitar que las protestas sociales se sigan reprimiendo militarmente por parte del gobierno en el postacuerdo.

 

TN: Hay una serie de acuerdos sobre ese tema, en el marco del segundo acuerdo, participación política, que significativamente se llama “Apertura democrática para la Paz”. En el punto 2.2.2, Garantías para la movilización y la protesta, se dice que la movilización y la protesta son ejercicios legítimos del derecho a la oposición en una democracia, y se enumeran una serie de garantías para tal fin. Eso es un compromiso serio, que hasta el momento está solo en papel. ¿Cómo llevarlo a la práctica y hacer que el gobierno efectivamente cumpla esos compromisos, que en últimas son garantías normales para una democracia en cualquier parte del mundo? Hay que exigir la efectiva implementación de los acuerdos, “cuando sean firmados y sean elevados al bloque de constitucionalidad como está previsto”, al Estado le queda cumplir lo que se pactó en La Habana. La comunidad internacional puede también jugar un papel importante en la veeduría y el seguimiento a la implementación de los acuerdos. Muchas veces cuando se acaba el proceso de paz, los países se olvidan de que falta una parte esencial al que hay que poner mucho cuidado: la implementación. Nuestro llamado es a eso, a la movilización y al seguimiento, ya que el Estado colombiano tiene una larga tradición de incumplimientos y represiones.

 

JLM: Qué deben esperar los prisioneros de guerra de este proceso de paz.

 

TN: En primer lugar, una amnistía general y su subsiguiente liberación. Ellos y ellas, después de la firma del Acuerdo Final, van a salir de la cárcel. De ahí, los y las que así lo deseen, se trasladarán a las Zonas Veredales Transitorias “ZVT”. Los y las que tengan que responder a la Jurisdicción Especial para la Paz lo harán desde estas Zonas, como cualquier otro/a integrante de la guerrilla. Entretanto trabajamos para mejorar sus condiciones carcelarias, que como es conocido, son deplorables. Sin entrar ahora a profundidad en esa materia, sí quiero decir que las condiciones en las cárceles colombianas levantarían serias preocupaciones en cualquier país del mundo. En Colombia, no pasa nada.

 

JLM: Existen prisioneros de guerra de las FARC que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, también ellos serán beneficiados por un posible indulto.

 

TN: Generalmente, las personas que están en Justicia y Paz son desertores o personas que colaboraron con el enemigo para obtener beneficios, por lo tanto, no son miembros activos de la organización. Aquellos/as que no tengan la calidad de traidores y que se hayan desertado por otro motivo, podrán ser incluidos/as en las listas.

 

JLM: No sólo los presos de las FARC han sufrido las condiciones inhumanas de las cárceles, qué mensaje envían a los presos sociales y qué propuestas tienen para acabar con el hacinamiento en los centros de reclusión.

 

TN: La Jurisdicción Especial para la Paz es innovadora en el sentido que propugna un giro de una justicia punitiva hacia una justicia reparadora y prospectiva. Esa nueva visión debe cambiar no solamente el enfoque de la justicia, sino también del sistema carcelario. El futuro debe ser el de un país moderno con soluciones sensatas, sociales a los problemas. En términos carcelarios, eso significa un sistema que repunta a la re-socialización y la reincorporación de los presos en la sociedad. Las cárceles no pueden seguir siendo lugares donde los presos terminan descomponiéndose, para volver a reincidir en la misma conducta. Sobre las condiciones, diría que el problema no es solamente de hacinamiento, son todas las condiciones infrahumanas que existen allá: falta de atención médica, ubicarles lejos de sus familias, tortura psicológica, tortura física, aislamiento, falta de agua, etcétera. Las cárceles deben volverse lugares donde las personas pueden encontrar nuevas oportunidades y reeducarse para buscar un lugar para él/ella en la sociedad, eso es clave.

 

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