Proteger a la mujer en Colombia es una obligación. Destacado

20 Abr 2017 María Fernanda Cabal
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Las estadísticas de feminicidio en Colombia son alarmantes, como lo son aún más los registros de impunidad del 90%”.

 

El reciente asesinato de Claudia Rodríguez a manos de su expareja, revive nuevamente ante la opinión pública, la urgente necesidad de tomar acciones firmes, conducentes a priorizar protección real para todas las mujeres que denuncien ser víctimas de agresión, amenaza, acoso o persecución en razón de su condición femenina. La obvia posición de desventaja y vulnerabilidad frente a los agresores supone de hecho, medidas de prevención y protección efectivas.

 

Las estadísticas de feminicidio en Colombia son alarmantes, como lo son aún más los registros de impunidad del 90%. De acuerdo con información de la Fiscalía, en los últimos diez años se han abierto 34.571 procesos relacionados con este delito, arrojando un resultado de solo 3.658 condenas.

 

Lamentablemente son solo los casos mediáticos, los que revelan la ineficacia de las leyes y la justicia, en un país en donde ancestralmente la dominación sobre la mujer genera violencia y muerte. Es la indefensión y la vulnerabilidad que exigen sentar fuertes precedentes judiciales, como en el reciente caso protagonizado por Rafael Uribe Noguera contra la inocencia de Yuliana Samboní, pero sobre todo, establecer estándares de prevención.

 

Es por eso que, después de haber hecho mi ponencia en junio de 2015, que en julio de 2016 se convirtió en ley, me abandero de otra, de autoría de los Representantes Ana Paola Agudelo, Guillermina Bravo y Carlos Guevara, para fortalecer las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Ninguna mujer se siente protegida solamente con la promulgación y existencia de la ley y de unas medidas que, en la práctica, no evitan desenlaces fatales.

 

Las medidas de protección especial no son un recurso usual en Colombia. De 75.000 casos de violencia intrafamiliar reportados durante 2015, solo se dictaron 2.700 y, aun así, en muchos casos no ejercieron lo determinado por la ley.

 

Es incoherente, por ejemplo, que no se ordene el desalojo del agresor de la vivienda familiar, que no se exijan las cuotas alimentarias de los hijos, o no se notifique a la Fiscalía el caso para dar continuidad al proceso penal correspondiente, ni a la Policía, para que proteja efectivamente a la víctima. Hasta hoy, las medidas de protección no restringen las visitas del agresor a los hijos. Se hace necesario evitar a los victimarios tomarlos como excusa para acercarse a la madre y violentarla, estableciendo un régimen de visitas supervisadas y en lugares diferentes a la casa de habitación.

 

En esta nueva ponencia enfatizo en la necesidad de reforzar la ley en varios aspectos puntuales, que redunden en la prevención efectiva de feminicidios.

 

Aunque las estadísticas demuestran que, en la mayoría de los casos, el agresor integra el círculo familiar de la víctima, por lo general por un vínculo sentimental, en Colombia el conflicto armado ha aportado a las lamentables cifras el 50% de la totalidad de los casos. El poder territorial ha sido demostrado por los grupos criminales a través de la violencia y dominación sexual de las mujeres. Los aberrantes casos registrados a causa de abortos forzados por las Farc en condiciones infrahumanas y de manera recurrente, dan cuenta de la ausencia total de cualquier ápice de respeto por el género femenino. Delitos con el agravante de haber sido cometidos contra menores de edad.

 

Es imperioso que se establezcan en Colombia, todos los mecanismos legales que permitan sustancial reducción de las aterradoras estadísticas, que les den seguridad y confianza a las mujeres en condición de igualdad y que eviten los resultados que tristemente conocemos cuando ya nada es posible hacer.

 

Por la dignidad, el respeto y la equidad, impulso el Proyecto de Ley 197 de 2016 en la Cámara de Representantes y espero que el Congreso nos acompañe en respuesta a la sociedad.

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