Cárceles, violación constante de los Derechos Humanos y vergüenza colombiana Destacado

07 Ago 2016 José Luis Mayorga G.
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“Las cárceles son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona cualquiera sea su condición. Son motivo de vergüenza para un Estado que proclama los Derechos Humanos” Sentencia T 133/98 Corte Constitucional

 

Las cárceles colombianas con sus altos muros protegidos por alambres de púas o cuerdas eléctricas dependiendo la condición de seguridad que se le determine, y hombres fuertemente armados en las garitas de custodia, nos hacen recordar de los campos de concentración alemanes en tiempo de Hitler. No solamente por su apariencia, sino por la constante violación a la dignidad humana que se vive detrás de esos muros.

 

Estos lugares se han convertido en un fiel reflejo del país, donde se expresa la desigualdad de las clases sociales, la corrupción, la miseria, y por encima de todo, el abandono del Estado., un Estado que sólo se preocupa por condenar y meter en estos sitios oscuros y lúgubres a miles de colombianos, para los cuales no tiene ningún plan serio de reconstrucción social o del tejido humano.

 

Las cárceles en Colombia hoy son una bomba de tiempo y el gobierno actual no ha querido asumir compromiso real para solucionar las grandes problemáticas que existen en los centros de reclusión. Parece que, aún conociendo la historia, quisiera repetirla y vivir lo sucedido en el pasado, cuando la vida en las cárceles no valía un peso, y por eso a pesar de las constantes alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, ni el alto gobierno, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”, y mucho menos entidades como la Fiduprevisora se han puesto al frente de las soluciones concretas. Es por esto que la población carcelaria no ha tenido otra alternativa y se ha declarado en Desobediencia Civil Pacífica, inicialmente en el patio 4 de La Picota, donde llevan 20 días de esta manifestación y hoy ante los constantes desplantes e incumplimientos por parte de entidades del gobierno, convocan a que más internos e internas de todas las cárceles del país se sumen a la Desobediencia Civil, como mecanismo para reclamar los derechos que le vienen siendo vulnerados a todos los hombres y mujeres privados de la libertad.

 

Aunque el hacinamiento carcelario llega al 56% aproximadamente y muchos de los internos deben dormir tendidos en el piso de los pasillos, en carpas instaladas en los patios, e inclusive gran cantidad duerme en los baños; y a pesar de que la alimentación que se les suministra a los reclusos es de baja calidad, hoy la mayor alerta y lo que está a punto de generar una desobediencia civil pacífica nacional en las cárceles, es la miserable forma como se está tratando el tema de la salud.

 

La situación es verdaderamente grave: falta de enfermeras y médicos en los establecimientos, escases de medicamentos, inoperancia de los establecimientos o centros médicos encargados de atender a los presos del país, enfermedades terminales mal atendidas, y a todo esto se suma la penosa situación de los enfermos mentales privados de la libertad, para los cuales no existe el tratamiento clínico adecuado. Por eso los reclamos de los internos e internas de las cárceles colombianas hoy se fundamenta en el derecho a la salud y dentro de las exigencias esta que se decrete YA, la Emergencia Social y Humanitaria en las cárceles y penitenciarias del país.

 

Como efecto de la situación de abandono en que se encuentra el sistema penitenciario, en los últimos 2 meses se ha presentado la muerte de varios internos en diferentes cárceles, y como decía el premio Nobel de paz Nelson Mandela: “No puede juzgarse una nación, por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres. Sino por la forma como se comporta con sus ciudadanos más marginados; sus presos”

 

El llamado de los privados de la libertad, es a los estamentos gubernamentales y en especial al presidente Juan Manuel Santos para que respondan por lo que la Constitución de Colombia les demanda, pero también convocan a la solidaridad de toda la población, de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos y a la vez de los medios de comunicación para que se visibilice la gran problemática que está generando la pena de muerte indirecta en las cárceles del país, por la falta de atención médica.

 

 

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